Nuestra crítica consiste en reprochar a los demás
el no tener las cualidades que nosotros creemos tener
 Jules Renard

Por Julian Santiesteban

En momentos en que se rumoran cambios en el gabinete estatal, la diputada panista Cristina Torres Gómez ha sorprendido por sus declaraciones en las que hace un llamado a la autocrítica, los cambios en el gabinete y hasta anunció una iniciativa para prohibir ocupar cargos públicos a quienes estén siendo investigados por posibles desvíos de recursos. ¿Por qué la sorpresa? Pues porque los “disparos” son hacia dentro del “rancho” y les pega a los que, se supone, son sus compañeros de régimen.

A finales de 2019, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, en la toma de protesta de la nueva dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) hizo un llamado a sus militantes para mantener el gobierno en Quintana Roo y “gastar las suelas” recorriendo casa por casa. A pregunta expresa sobre el llamado del gobernador, la legisladora albiazul reviró al exhorto aseverando que debe existir la autocrítica y los ajustes en el gabinete para mantener una buena imagen gubernamental. ¿Alejamiento, ruptura? No, esas diferencias discursivas se vieron también durante el proceso electoral de 2019, cuando los candidatos panista-perredistas “osaron” criticar sus gobiernos, aunque ni eso les alcanzó para mantener la mayoría en el Congreso local.

Aun si la diputada afirmara que se “malinterpretaron” sus declaraciones, falta la más dura propuesta –pero conveniente, a reserva de que violente derechos fundamentales-, que es la iniciativa que, dijo, presentará ante la XVI Legislatura local, que consiste básicamente en incluir como requisito para ocupar cargos públicos no se esté bajo alguna investigación por uso irregular de recursos. La propuesta pega directamente a algunos actuales funcionarios ¿ejemplo? El actual titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), Luis Torres Llanes, quien ha sido señalado en infinidad de ocasiones y medios locales por dejar pendientes millonarios durante su paso por la alcaldía de Othón P. Blanco, capital de Quintana Roo, y hasta ahora su situación jurídica permanece en el limbo.

Si las declaraciones de Torres Gómez son parte de alguna estrategia para “limpiar” el gabinete, pues la medida es bastante dura, si es una acción “autorizada” para simular alejamiento del régimen con miras el proceso electoral 2021, no parece ser muy atinado, pues como se señaló, ya en 2019 se utilizó y no funcionó; o si al final son disparos “de salva”, pues son balas que, aunque no matan, ponen en la mira de los adversarios a algunos compañeros de régimen; luego entonces, ¿cuál es la intención, será que se perdió de vista el “balazo en el pie” en aras de atacar a los de enfrente?

Por último, los “disparos de Cristina” tienen, por supuesto, elementos positivos que deben considerarse, pues es claro que para ocupar los cargos públicos debe seleccionarse a quien, probadamente, no aprovecha el cargo para disponer ilegalmente de recursos y, además, la depuración de los grupos de trabajo debe ser una constante, cuando los objetivos planteados no se consiguen; sólo falta saber si escucharán a la señalada legisladora, o las declaraciones se dejan al olvido

COMENTARIO MORBOSO

Terminó el mes de enero, está por concluir la primera semana de febrero y jueces y magistrados no resuelven la ida a casa en favor del ex gobernador Mario Villanueva Madrid. Ahora resulta, que en el abierto enfrentamiento que se mantiene entre el Poder Ejecutivo Federal con el Judicial los que tienen que joderse; sí, joderse, son quienes esperan que la justicia en este país deje de ser moneda de cambio.

Resulta además que, a Villanueva Madrid, el reconocimiento de que la ley le asiste para ir a su casa, declaración que han hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; diputados federales, senadores y actores políticos múltiples, le ha representado “el beso de Judas”, pues lejos de abonar a su causa, en el Poder Judicial reaccionaron en contra del ex mandatario, ante lo cual el mismo afectado ha elevado la voz para demandar justicia y no ser una víctima colateral del enfrentamiento.

Lamentable, pero cuando la promesa fue acabar con los presos políticos en la actual administración federal, el caso de Mario Villanueva Madrid destaca a nivel nacional como el ejemplo más claro de que nada se ha avanzado; y mientras el daño colateral le sigue, del indulto presidencial tampoco nada se sabe; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.