Vivo en un país tan grande que todo queda lejos:
 la educación, la comida, la vivienda
Lina Zerón

Por Julian Santiesteban

Escudándose en excepciones lamentables de Cancún, en donde se violaron flagrantemente las normas de construcción de viviendas, la anterior legislatura local aprobó la denominada “Ley Casitas”, que los actuales legisladores ya exhibieron como prohibitiva para el desarrollo humano, y además recalcaron que se aprobó con la única intención de aprobar a los desarrolladores de vivienda, en perjuicio de miles de quintanarroenses condenados a vivir en casas que parecen “ratoneras.”

Desde mayo de 2018, el escribiente recalcó lo pernicioso de la norma que estableció reducir las medidas de las viviendas de tipo popular, impulsada en su momento por el ahora ex diputado Juan Carlos Pereyra Escudero. El diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, José Luis Guillén López, anunció este lunes que harán una revisión a fondo, pues va en detrimento de lo que puede considerarse “vivienda digna.”

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo, mejor conocida como “Ley Casitas”, permite, de acuerdo a su artículo 23, frentes de 6 metros, 108 metros cuadrados de construcción y 15 por ciento de terrero libre; cuando la norma anterior, en su artículo 14, fracción III, establecía que las dimensiones debían ser de al menos un frente de 7.20 metros, una superficie no menor de 110 metros cuadrados y un área libre mínima del 20 por ciento, pero según Carlos Ríos Castellanos, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), en su comparecencia, la norma fue aprobada fue premiada a nivel nacional, pues claro ¡por los desarrolladores de vivienda!

Hace un año, los anteriores diputados aseguraban que la norma nunca se cumplía y que, en Cancún, existen fraccionamientos con viviendas con cuatro metros de frente; claro que los hay, pero ellos mismos reconocen la violación a la norma, pero en lugar de exigir a los municipios y gobierno estatal su respeto irrestricto, cambiaron la ley por una a modo de quien construye casitas tipo “cajas de zapato”, “como ustedes no viven en ellas”, espetaron los actuales legisladores a quienes aprobaron la legislación vigente, por ello anunciaron que la modificarán.

Sólo faltó un detalle –que puede ser por cierto subsanado al final de las comparecencias, es decir la próxima semana-: Exigir a la Sedetus que deje de emitir autorizaciones para nuevos desarrollo de vivienda, porque, en lo que revisan la norma, muy probablemente la dependencia apruebe infinidad de proyectos a diestra y siniestra, que seguirán haciendo ese tipo de casas, escudándose en una autorización previa a la modificación. Como la legislatura ha informado que al final de las presentaciones de funcionarios emitirá un documento de solicitudes y recomendaciones al gobierno estatal, ahí la oportunidad.

Fuerte, la XVI Legislatura ha dado la primera muestra de contrapeso, sólo falta hacerla efectiva y modificar la norma; en concordancia, por cierto, con lo que se anunció incluso por parte del gobierno federal, de prohibir desde ahora las “cajitas de zapato” como viviendas. Primer acto de justicia efectivo por parte de los actuales diputados, sólo hay que recordarles que, justicia que no es pronta ni expedita, no es tal.

COMENTARIO MORBOSO

Este martes, compareció ante la XVI legislatura el oficial mayor del gobierno del estado, Manuel Alamilla Ceballos, explicó el desarrollo de procesos administrativos que han profesionalizado la administración pública, el desarrollo del servicio profesional de carrera y habló de licitaciones y compras públicas transparentes y cuyos procesos han sido incluso transmitidos en vivo. Las preguntas de los legisladores fueron las mismas que se han hecho durante tres años a la Oficialía Mayor: contratación de artistas a empresas de funcionarios públicos, contratación de personal sin cumplir con requisito de residencia; la designación hoy mismo en la Secretaría de Educación como subsecretario de Rafael Turulois Fabre; las respuestas fueron las mismas. Que todo ha sido legal.

Los despidos masivos fueron sólo un “ardid mediático”; lo que se revisó y corrigió es que no hubiera ya “aviadores”; José Manuel González Acosta, director general de Administración, sancionado por irregularidades cometidas en el contrato de uniformes escolares en 2017 ya regresó a Oficialía Mayor y estuvo en la comparecencia –nada le dijeron por cierto-; la casa del oficial mayor vale tres millones de pesos, Con Dinero Baila el Perro sigue siendo la empresa para contratar artistas porque estos así lo han decidido ellos mismos –no hay muchas empresas oferentes de estos servicios, según dijo.-

Y entonces, nada, que son malas percepciones, que son ataques mediáticos, que todo está bien y que hay una gestión transparente, tanto, que no se logra advertir la “trampa”, los negocios, los conflictos de interés y la capacidad de los legisladores para cuestionar de fondo; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.