No todo lo que es permitido por la ley es siempre honesto 
Jacques de Lacretelle 

Por Julian Santiesteban 

El auditor superior del estado de Quintana Roo, Manuel Palacios Herrera, comenzó a decir verdades y el halo de honestidad en que se habían envuelto algunos funcionarios de la actual administración ha comenzado a colapsar, tendrán que responder por los faltantes en sus respectivas cuentas públicas. ¿Que no es novedad que haya “recursos perdidos” y problemas de comprobación? Pues no, sólo que nos dijeron a los quintanarroenses que esas eran “viejas prácticas del pasado.” 

Al auditor “se la cantaron” desde antes de que los integrantes de la ahora XVI Legislatura estaban en campaña; los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia prometieron destituir del cargo al auditor superior del estado, Manuel Palacios Herrera, al fiscal general, Oscar Montes de Oca Rosales, y regresar la exigencia constitucional de años de residencia para ocupar este último cargo; nada ha ocurrido hasta ahora, pero en este ambiente electoral, en el que hacen falta “cabezas para cortar” y con ello posicionar la idea del “nosotros sí cumplimos”, pero además sabedores todos que, ahora con el Partido Verde Ecologista en control del Legislativo, la balanza no está precisamente del lado del régimen, las verdades han aflorado, en un intento por no ser sacrificables. 

Sacrificables, en todo caso, serán algunos funcionarios públicos que deberán subsanar los faltantes y además responder por ello, Palacios Herrera ha sido hábil en la búsqueda del “cobijo”, pues poner en relevancia las omisiones de las cuentas públicas 2018 y señalar que no hay entidad pública que no haya tenido algún tipo de señalamiento por irregularidades administrativas, le ha permitido mandar señales de su utilidad pública; sólo falta que alguien “desde las alturas” determine si vale más salvar a ex alcaldes que ahora son secretarios y subsecretarios, o sacrificar un auditor. Aunque eso sí, los recursos deberán comprobarse o reintegrarse. 

Ahora bien, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura ya tiene conocimiento de los más de 27 millones que deben comprobar 7 de los 11 municipios de Quintana Roo, pero así como esos y tomando en cuenta lo dicho por el auditor, la revisión de todas las entidades de la administración pública deberán revisarse a detalle, sobre todo porque la afirmación de que prácticamente todas tienen irregularidades, contrasta diametralmente con lo dicho por el contralor estatal, Rafael Del Pozo Dergal, que ha destacado en diversas ocasiones que Quintana Roo ha avanzado enormemente en términos de transparencia y mejorado sus procesos administrativos. 

Queda claro pues que, transparencia no es lo mismo que honestidad y profesionalismo. Si algo hay que reconocer, es que los montos son, por mucho, menores a las irregularidades “del pasado”, pero en términos de la normatividad son iguales de graves. Disponer irregularmente o no comprobar su adecuada utilización son faltas igualmente sancionables; aun cuando se adopte el dicho aquel del ex alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario “Layin” Ramírez Villanueva, que tuvo la ocurrencia de admitir públicamente que “sí robó, pero poquito”; no parece buena idea, “Layin” anda “a salto de mata” por esos “poquitos” que desapareció de las arcas de su municipio. 

Y bueno, cabe por último que lo informado por el auditor superior a los legisladores locales es apenas un esbozo de lo que se verá en las cuentas públicas, podrá señalarse que no son cifras de escándalo, pero lo cierto es que la perniciosa corrupción y mala utilización de los recursos continúa; lo bueno es que, si no es una situación generalizada, aún es tiempo de quitar de la canasta a las “manzanas podridas”; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima. 

P.D. Y bueno, a los legisladores el cuestionamiento, ¿qué pasa con el auditor, se va o se queda? 

COMENTARIO MORBOSO 

Si las observaciones hechas por el auditor están bien fundamentadas, un discurso acusando de persecución política no basta para zafarse del embrollo, pero sí es posible esa utilización política y hasta se ha hecho anteriormente. Eran también “viejas prácticas” para descarrilar opositores incómodos. 

La duda más grande está en los casos de Cristina Torres Gómez y Luis Torres Llanes, con faltantes por comprobar por más de cinco millones (justo es decir, que lo de la solidarense es menos de un millón, la enorme mayoría es del ahora secretario de Desarrollo Agropecuario); porque son allegados a la actual administración estatal, fueron los principales operadores en sus demarcaciones para llegar al poder. ¿los salvarán desde palacio de gobierno estatal? 

Puerto Morelos, Cozumel y Tulum son los casos más interesantes, porque las tres implicadas: Laura Fernández Piña, Perla Tun Pech y Romualda Dzul Caamal, son partes de importantes movimientos políticos, no necesariamente afines a la administración estatal, más bien pegadas a la cuarta transformación republicana, ¿echarán a andar la “maquinaria” o hay negociación en puerta? Es esa la manera más sencilla de “vencer” y “convencer.” 

Y por último, de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, Con Paoly Perera Maldonado y José Valadez Chi, respectivamente; la utilización política sería para regalar dos inmerecidas reelecciones a José Esquivel Vargas y Sofía Alcocer Alcocer; ojalá toda esta especulación no se cumpla, y que las sospechas del escribiente sean resquicios de una anacrónica forma de pensamiento, anclada en las “viejas prácticas”; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra, Nos leemos en la próxima.