No se deje engañar por lo que aparezca en la superficie.  
En las profundidades es donde todo se vuelve ley 
Rainer María Rilke 

Por Julian Santiesteban 

No es que no afecte, sino que, por ahora, probablemente no se note; pero el impuesto por Uso y Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público, que el gobierno de Quintana Roo pretende a partir de 2021 sí afectarán de fondo la competitividad de los destinos turísticos locales, y operan exactamente en sentido contrario de las acciones federales y estatales para recuperar la actividad turística nacional. En suma, se alivia el problema económico de la actual administración, comprometiendo el futuro de las demás. Como siempre se ha hecho. 

Pero además, el nuevo impuesto que pretende crearse –y que esta semana deberá quedar aprobado o rechazado por parte del Congreso del Estado-, estimado en 2.5 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que equivale a 217 pesos; se suma al pago que ya hacen los turistas por Servicios Migratorios (DSM) que es de 78 pesos. Existe también el llamado Derecho de No Residente (DNR), que por dos años ha sido frenado su cobro desde el Senado de la República, pero es un gravamen vigente. De esta manera, cuando la Cámara alta autorice su cobro, cada turista deberá pagar unos mil 200 pesos sólo por ingresar al estado. Para 2021, serán 295 pesos, en momentos en que urge que lleguen los visitantes, se les aplica un gravamen sólo por elegir Quintana Roo para vacacionar, ¿no es un contrasentido?  

Desde el 2019, cuando pretendió aprobarse el cobro del DNR, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), además del Consejo Mexicano del Transporte advirtieron que México perdería competitividad como destino turístico y de negocio frente a países con menores cargas tributarias. Para el caso del impuesto local, se destaca que no afecta a la población general porque lo paga el turista, pero afectación sí existe, porque incide directamente sobre la recuperación económica. Por cierto, esta situación es conocida por el mismo gobierno local, pues durante 2020 y por la afectación por la pandemia de Covid19 ha brindado apoyos fiscales a empresas. El sector turístico espera con estos apoyos alcanzar porcentajes de ocupación hotelera del 60 por ciento para finales del año. Evidentemente, no es tiempo de nuevos impuestos. 

Puede entenderse que la medida busca mitigar la carencia de recursos provenientes de la federación, pero aun así no está justificado. Para agosto de 2015, la Subsecretaría de Planeación Turística de Sectur, emitió el documento denominado Esfuerzo Fiscal Municipal en Destinos Turísticos, en el que destaca que los impuestos creados no deben cobrarse a quienes no residen en la respectiva demarcación de aplicación y que, el riesgo de generarlos y cuando el ciudadano no percibe una correcta aplicación de los dineros públicos, una consecuencia es que la gente abandone el sitio. ¿Entonces hay o no afectación? Claro que la hay. No se notará, por ahora, porque turistas hay pocos por la pandemia, pero hay un impacto directo. Por cierto, para el tiempo que se emitió el análisis señalado, Carlos Joaquín González era subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico en la misma Sectur. 

“Es preciso reconocer que la capacidad de los municipios para generar recursos propios con base en impuestos al turismo tiene límites y recurrir a esta fuente de ingresos puede llegar a ser contraproducente en términos de encarecer el atractivo turístico y también podría inhibir la prestación de servicios porque incrementa el costo de internalizar los impuestos para un proveedor de servicios turísticos.” 

También, a inicios de este año, el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac, Francisco Madrid, emitió el documento “Coronavirus y Turismo”, en el que se destaca la necesidad de crear incentivos fiscales y mantener los empleos, cuidando los cobros que se hacen a las empresas. En suma, el impuesto señalado y el de “Fomento al Empleo” (que, en los hechos, legaliza la subcontratación por outsurcing) sí afectan el futuro, aunque resuelvan el momento inmediato, cobrar por acceder a las áreas naturales sin “etiquetar” recursos para su conservación es sólo obtener dinero para mantenerse a flote, con costo a los siguientes años. Es la propuesta de paquete fiscal más gravosa de toda la administración, falta que los legisladores locales la dejen pasar. 

COMENTARIO MORBOSO 

A finales de la presente semana –el 15 de diciembre en específico-, la XVI Legislatura quintanarroense deberá aprobar el paquete fiscal 2021 y cerrar el periodo ordinario de sesiones, la presión actual sobre los diputados locales es enorme, considerando que algunos de ellos han adelantado que no aprobarán el presupuesto presentado por el gobierno de Quintana Roo, porque aunque en el discurso se asegura que no hay nuevos impuestos, en la realidad no sólo existen, sino también un marcado incremento en licencias y derechos para el próximo año. 

Pero además de esto, grupos feministas siguen apostados en el recinto legislativo y han asegurado que no se irán del lugar hasta que se discutan las iniciativas que normarían el aborto en Quintana Roo como un derecho de las mujeres. Si no fuera suficiente, grupos católicos han anunciado una marcha para el miércoles 08 de diciembre, que llegaría hasta las instalaciones del Congreso, en rechazo a las demandas feministas. Ojalá se eviten las confrontaciones, pero eso no aminora la presión hacia los diputados. 

Al final, los legisladores deberán dar muestra de que la representación ciudadana que detentan es merecedora de la confianza que alcanzaron en las urnas, sobre todo porque algunos de ellos apenas esperan el receso para pedir licencia e ir en pos de otro cargo de elección, pendientes han dejado muchos…casi todos, a pesar del discurso de productividad esgrimido. Lo que hagan o dejen de hacer, será la “cara” que presentarán a la sociedad, antes de las elecciones de junio de 2021, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.