No se puede escapar de la responsabilidad del mañana,
 evadiéndola hoy

Abraham Lincoln

Por Julian Santiesteban

Casi 400 millones de pesos en daños se han calculado y reconocido en Quintana Roo por las lluvias del mes de junio, pero no se solicitó formalmente que el gobierno federal entregue los recursos y ya venció el plazo para ello; luego entonces, el esfuerzo realizado será en vano y esto representa una evidencia más de que, la fusión descuidada de dependencias, genera más complicaciones que mejoras en la administración pública. Por cierto, como siempre, los que se quedarán con los daños, serán los a pie.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), el día 03 de julio, a través de videoconferencia, se presentaron al gobierno federal, con el aval de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los daños que la tormenta tropical Cristóbal ocasionó en la entidad; quedando en 215 millones en afectaciones carreteras y 25 millones de afectación a la infraestructura de salud; a esto se suman los daños en infraestructura federal, con poco más de 19 millones en carreteras federales; 102 millones en instalaciones de la Secretaría de Marina (Semar), más de 14 millones de pesos en la de Conagua y poco más de diez millones en infraestructura educativa, para un total de 387 millones, 222 mil 637 pesos. Todo ello, ya reconocido por la federación.

Luego de esto, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a través de la Subsecretaría de Planeación debió realizar la solicitud para la radicación de los recursos en los siguientes 7 días hábiles, que vencieron este martes 14 de julio; sin embargo, al solicitar la información a la Sefiplan, la respuesta fue que “el Comité de Evaluación de Daños lo manejó Protección Civil, ellos tienen la información”; pero además, cuando se revisa la página de la dependencia, en lo referente a “Declaratoria de Desastres Naturales”, hay sólo 4 documentos, dictámenes técnicos de 2014 y 2015; es decir, de los tiempos aun del gobierno de Roberto Borge Angulo. Nada de los 4 años de esta administración.

Es decir, que no existe ningún avance registrado de la contingencia actual, cuando los plazos ya vencieron; y mientras eso ocurre, desde la XVI Legislatura, diputados han emitido exhortos y acuerdos para solicitar que el gobierno federal agilice los trámites para liberación de recursos, cuando en lo local no se concluyeron los trámites. Alguien está engañando al Ejecutivo estatal, o simplemente se está dejando de hacer la tarea. Hasta antes de 2014, existió en Quintana Roo la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (Seplader), que Roberto Borge desapareció para integrarla a la de Hacienda y crear la Sefiplan, como queda constancia pública, eso sólo generó retrasos e indefinición de procesos administrativos; pero en este año 2020, se ha decretado además que a la Sefiplan se integran las tareas de Oficialía Mayor, porque esa instancia ha desaparecido, ¿se imagina el lector el empantanamiento que se avecina?

Ahora bien, el escribiente indagó en ambas dependencias, en Protección Civil y Sefiplan, en la primera se obtuvieron las cifras generales, pero nada hubo en la segunda; ¿cómo puede entonces sostenerse la versión de falta de apoyos cuando los procesos no se concretan, cuando el trabajo no se realiza, cuando la documentación de las afectaciones ni siquiera está publicada? Son más de 387 millones en afectaciones, pero al final, los que quedan con el daño son las regiones más endebles. Por cierto, que a estos daños, deben sumarse 250 millones más al campo, entre agricultura y ganadería, pero que ese sector no es atendido por el Fonden, sino por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), instancia que, esa sí, no contempló apoyos como el seguro al campo, para este 2020. Al final, se insiste, “los de abajo” quedan en la indefensión por “los de arriba”, por falta de consideración o trabajo.

Por último, ¿quién asumirá entonces la responsabilidad por lo que se ha dejado de hacer? ¿se tratará tan sólo de otro problema de comunicación o también hubo omisión? Y el escribiente reitera, crear “super secretarías” al estilo de los años 80 del siglo XX sólo vuelve a la burocracia menos efectiva y más difusas las responsabilidades, habrá que ver “quién cae” por tan delicada omisión procesal en la obtención de recursos para recuperar los daños, pero lo único que no debiera ocurrir, es que no ocurra nada.

Pd. Le dejo el link de la Subsecretaría de Planeación de Sefiplan: http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/coplade/declaratoria.php

pd2. ¿Qué tan cierto será que la omisión en la Sefiplan es responsabilidad –o irresponsabilidad- directa del titular de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional, Billy Jean Peña Sosa, quien también preside el Comité del Carnaval en Othón P. Blanco… ah! Y también el patronato de la Cruz Roja en Chetumal, ¿será que el que mucho abarca…?

COMENTARIO MORBOSO

Y a propósito de la fusión de dependencias y cambios en el gabinete, este jueves, el Comité de Participación Ciudadana, integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y seis organismos más, entre ellos algunos empresariales, ofrecieron una conferencia de prensa virtual para anunciar que vigilarán el proceso de selección del comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública de Quintana Roo (Idaipqroo), a manera de presión ciudadana para que se logre la máxima publicidad y, en años próximos, la normatividad sea modificada para que se analicen a fondo los perfiles para este tipo de cargos. “Sin Cuotas Ni Cuates”, dicen.

Pero lo que llamó la atención fueron los posicionamientos de Raúl Cázares Urban y de Cinthia Dehesa Guzmán, quienes coincidieron en que la integración de la Oficialía Mayor del Gobierno a la Sefiplan, es violatorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, pues debió primero aprobarse por parte de la XVI Legislatura, pero “en este caso se hizo al revés”, aseveraron.

Dehesa Guzmán, quien fungió en el equipo del gobernador, Carlos Joaquín González, como enlace de transparencia, justo antes de que iniciara el actual sexenio, aseveró que, aunque la designación de los integrantes del gabinete es una facultad discrecional del mandatario, “lo más justo y honesto es que se explique a la ciudadanía las razones para los cambios, que se muestren las ‘credenciales’ de cada quien, el curriculum que los acredite como capaces de desempeñar un cargo”, al tiempo que aseguró estar “igual de sorprendidos” con los cambios recientes en la Vocería del gobierno estatal y la titularidad en la Secretaría de Medio Ambiente (Sema), particularmente por personajes cuyo perfil profesional parece no corresponder a la naturaleza de las designaciones. Cazares Urban fue más allá, al destacar que el Sistema Estatal Anticorrupción deberá emitir una postura formal al respecto y que de la Oficialía hay temas que deberán rescatarse, sobre todo el servicio profesional del personal

Lo que queda claro es que la polémica continuará en los siguientes días –ojalá también los cambios en el gabinete-, pero sobre todo que, en el caso de la Oficialía Mayor fusionada a Sefiplan, la intervención del Legislativo tendrá que ocurrir más temprano que tarde; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.